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Pequeñas cosas a recordar de la Ley Sinde(-Wert)

El canon digital (tal como lo conocemos) se hizo en época de Aznar, luego se empezó a aplicar a todo tipo de dispositivos con Zapatero, y se le dio tal poder y protección por sus gobiernos que sólo desde Europa se pudo hacer algo.

Desde que Ángeles González-Sinde estaba en el gobierno con Zapatero, las subvenciones han subido en el mismo ritmo que el fraude y las ausencia de espectadores, hasta tal punto que era Vox Populi. Esta acusada de incompatiblidad, se ha dado subvenciones a si misma, se le conoce Gonzalez-Cine, por reirse a los internautas, y por haber echado a todo aquel que no le decía Amén.

La Ley Sinde fue metida con calzador, con las quejas de usuarios y artistas, con el dictado de Estados Unidos, esta apoyada con gente que vive de la distribución, y fue cancelada una vez por la presión popular.

La Ley Sinde la hizo el PSOE, fue rechazada y después de ¿presiones/bajada de pantalones/aviso de Obama/Razón X? fue apoyada por PP y CIU después de pasarse por el forro las ley, la jurisprudencia y todo lo que se terció.

La Ley Sinde funciona igual que una ley franquista, en donde si algo no gustaba se quitaba, y luego ya si eso, reclama y se verá si se puede hacer. Los daños que esto provoque  lo pagaremos TODOS.

La Ley Sinde apoya un sistema obsoleto, será dirigidos por gente de las asociaciones, se podrá saltar si se ponen las webs en otros países (lo que provocará más paro en España) y si se usan medios para entrar en ellos (proxys/túneles) , nace herida de muerte, y permite atacar a todo aquello que se quiera sin distinción.

La industria a la que dice proteger la pagamos todos, se hace sin ganas y sólo por las subvenciones, y muy pocas (las que son con dinero privado) son las que se pueden ver para descargar.

La Ley no ha tenido ni debate ni consulta, se ha puesto y punto.

Leyes como estas se están suprimiendo en otros países, pero en España nos gusta ir detrás de todo y haciéndolo mal.

Las asociaciones que apoyan abiertamente la Ley Sinde están siendo investigadas y/o juzgadas por todo tipo de cargos.

El canon se ha suprimido… y según se dice a cambio de subvenciones (supongo que para seguir la costumbre española de regalar dinero a los amigos o a cambio de estar callado).

¿Esto es el cambio? Yo sólo veo que mi nómina baja y baja… otra prueba más de que la política funciona así:

Un gobierno en funciones no puede aprobar la ley Sinde

Hoy verás este texto en decenas de blogs. Si estás de acuerdo con él, reprodúcelo donde consideres oportuno.


Ante la previsible aprobación de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando –como hicimos en el Manifiesto de 2 de Diciembre de 2009- nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks.
En todo caso insistimos en estos razonamientos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.